El último grito en materia de gestión educativa, proviene de Nueva York. Desesperado por los altísimos índices de fracaso escolar entre las minorías negra e hispana, el alcalde Bloomberg se ha dejado convencer por una idea simple pero polémica: fomentar el estudio de los chicos a cambio de dólares contantes y sonantes... en resumidas cuentas, pagar al estudiante para que no abandone los estudios.

En Nueva York, se paga a los escolares por sacar buenas notas. ¿Motivación o soborno?

Roland Fryer, un economista afroamericano de orígenes humildes, es el diseñador de esta teoría tan peculiar, en la que ya existe toda una relación de objetivos y recompensas: si la asistencia mensual a clase es al menos del 95% de las sesiones, salimos a 25 dólares en primaria y 50 en secundaria, mitad y mitad entre padres y alumno.

En el caso de la selectividad, la familia recibe 50 dólares, tan solo porque el joven se presente al examen, y un montante de 400 si aprueba y consigue graduarse. De igual forma, se pretende repartir el botín a partes iguales entre el que ha de estudiar y los que han de velar que estudie.

Este programa llamado Opportunity NYC, se enlaza con proyectos de ayudas sociales similares en México. El país azteca es pionero en la gestión de subsidios estatales en un sistema de “prestaciones condicionadas” en el que las familias más necesitadas reciben los cheques siempre que garanticen determinados requisitos, como procurar la asistencia y puntualidad de sus hijos a la escuela y que sean sometidos a las revisiones médicas y dentales necesarias. Según los estudios realizados, los menores acogidos a este sistema mexicano de ayudas condicionadas, mejoraron su talla, peso y salud general así como su rendimiento escolar.

Las familias con pocos recursos, forzadas a sacar a sus hijos de la escuela por la necesidad y ponerles a trabajar, cuentan con una ayuda extra que se ha probado útil en el contexto del tercer mundo.

¿Pero es aplicable este método a los países desarrollados, provistos de un Estado del Bienestar, donde las leyes garantizan la escolaridad obligatoria y gratuita; allí donde las leyes prohíben el trabajo infantil?

¿Acaso debe pagar el Estado a los buenos conductores por respetar las normas de tráfico? Quién sabe si el número de accidentes mortales en las carreteras descendería con la zanahoria antes que con el palo. La respuesta debiera ser no, pues razonablemente, nadie ha de cobrar por hacer lo que es mejor para sí.
Debe uno plantearse si es realmente ético aplicar a los estudiantes una teoría económica de estímulos y rendimiento del trabajo, y si no desvirtúa los valores que el joven debe desarrollar.

Debe preguntarse el legislador, el padre y el educando, si el aprendizaje es un proceso con fin en sí mismo o un medio para conseguir un fin pecuniario. ¿Cómo habrá de obtener el niño una visión amplia de su medio vital, si su esfuerzo es motivado por una recompensa económica? ¿Cómo habrá de desarrollar la inclinación por valores elevados como la curiosidad, el gusto por aprender y renovarse o la autoestima, a través de un cheque?

La iniciativa pronto ha tenido eco y ha cruzado el charco hasta la Andalucía de Manuel Chaves. Allí, mutatis mutandi, el presidente de la Junta ha prometido en campaña electoral pagar 6000 euros al año, con el fin de fomentar la continuidad al bachillerato de los alumnos que acaban la escolaridad obligatoria. Parece que erradicar el fracaso escolar a golpe de talonario adquiere un nuevo significado en los primeros años del siglo XXI.

Pagar al estudiante para que haga lo que es su deber ha sido calificado como un soborno por los detractores de Fryer y de la iniciativa del ayuntamiento neoyorquino. La disquisición se plantea en términos de pragmatismo o ética educativa.

¿Motivación o soborno?, debate abierto.